Una de la mayoría del Congreso de los diputados de España exigirá al Tribunal de Cuentas que controle el uso del dinero asignado para la Iglesia Católica, que recauda a través de la casilla del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidos Podemos realizarán esta solicitud, donde apoyará también Ciudadanos, para que el uso de los 250 millones de euros asignados a la Iglesia Católica tengan un control por parte del Tribunal de Cuentas.
La mayoría de los miembros del Consejo del Tribunal de Cuentas -7, del Partido Popular rechazaron fiscalizar la asignación a la Iglesia Católica en el ejercicio de 2017, la votación del Congreso como Proposición no de Ley llevaría al Tribunal a que no se negaran a realizar este ejercicio de control.
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Unidos Podemos y el PSOE consideran que el organismo fiscalizador, que depende de las Cortes, debe analizar las cuentas de la Iglesia que recibe dinero público a través de las personas que marcan la X al elaborar la declaración de la renta.
“Todas las instituciones que reciben financiación pública tienen que ser sometidas a una fiscalización bien rigurosa para que la ciudadanía pueda conocer a fondo donde se destina hasta el último euro”, asi lo ha expresado el diputado de Unidos Podemos Segundo González.
El PSOE, recuerda en su escrito que la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas reconoce “a las Cortes Generales la iniciativa para el ejercicio de la función fiscalizadora”. Así, reclaman que el órgano fiscalizador incluya a la Iglesia en su programa para el año 2017.
Los ciudadanos apoyarán la iniciativa, asi lo ha confirmado Albert Rivera: “Nos parece bastante razonable que se pueda fiscalizar a todas las entidades que reciben dinero a partir de la declaración de la renta”, afirmo.
Se ha desatado el escándalo después que el Tribunal de Cuentas decidio no fiscalizar el dinero recibido por la Iglesia vía IRPF, gracias al voto de los 7 consejeros del PP en el Tribunal de Cuentas, mientras que los 5 consejeros socialistas han presentado un voto particular. En el mismo, se asegura que fiscalizar la asignación tributaria a la Iglesia Católica “responde a una demanda social que, en el marco de la exigencia de transparencia en la gestión de los fondos públicos, clama porque el Tribunal de Cuentas realice fiscalizaciones sobre órganos, sectores e instituciones que perciben ingentes ingresos públicos , que en ningún momento, rindan cuentas de su destino. Y una de estas instituciones, cuenta con un sistema de financiación si no opaco, al menos poco transparente, que es, sin duda, la Iglesia Católica”.
Tambien se denuncia que la Memoria Económica que la Conferencia Episcopal presenta cada año al Ministerio de Hacienda “no ofrece la suficiente información sobre la naturaleza económica de las operaciones financiadas, limitándose, básicamente a informar sobre el reparto territorial de los fondos. La Memoria tampoco constituye un documento representativo de la gestión económico-financiera realizada, que realmente se configura como una auténtica Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España”.
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En la citada Memoria solo aparece el destino de los bienes con carácter general. Esto es: que no se sabe, con detalles, cuál es el destino final de los 250 millones de euros, pero diversas fuentes aseguran que “el grueso del dinero” se reparte entre las diócesis para pagar los sueldos de los 19.000 sacerdotes españoles, así como tambien la Seguridad Social del Clero.
En ese sentido, la Conferencia Episcopal apunta que “el 80% de esa cantidad, 200 millones de euros, se envía a las diócesis para mantener la actividad de la Iglesia en esos lugares (cantidad que se suma a la que allí aportan directamente los fieles en sus parroquias o comunidades). Las siguientes partidas más relevantes son la Seguridad Social del Clero (16 millones), la Aportación a las Cáritas diocesanas (6 millones), los centros de formación de la Iglesia (6 millones), la campaña de financiación de la Iglesia (4,6 milones) y la ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos (4,5 millones)”.
Los obispos sí que desglosan las cantidades que, en su opinión, “ahorra la Iglesia al Estado” en materia educativa, cultural o asistencial. Así, apuntan en su memoria, “2.692 millones de euros es el ahorro que supone al Estado los 2.449 centros católicos concertados”.
La empresa KPMG, afirma,que tambien realizaron un estudio de impacto socioeconómico de los bienes inmuebles de la Iglesia que producieron un impacto en el PIB de España de 22.620 millones y generaron 225.300 empleos totales.
Para los consejeros del Tribunal de Cuentas que suscriben el voto particular inciden en que la fiscalización del dinero de la Renta “pretende constituir una primera aproximación a las diversas fuentes de financiación de la Iglesia Católica” para aclarar si los procedimientos para su asignación “se ajustan al marco normativo en vigor”. Este escrito también recuerda los privilegios de los que disfruta la institución en modo de exenciones en los impuestos de Sociedades o Sucesiones, IBI o actividades económicas.
Y en respuesta al propio Tribunal, el gerente de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal, alego en “Hoy por Hoy” que “el Tribunal de Cuentas fiscaliza subvenciones o conciertos, pero la asignación tributaria es un dinero decidido por los contribuyentes y no por el Gobierno”. Para Barriocanal, la cantidad que se recibe a través de la casilla de la Renta “es jurídicamente diferente” al dinero público que recibe por ejemplo la Casa del Rey, y por lo tanto, la ley no le obliga a someterse a dicho control.
Barriocanal recalco que la Conferencia Episcopal, en un ejercicio de transparencia, entrega todos los años al Gobierno la documentación que la iglesia elabora con su memoria de actividades que el Tribunal de Cuentas considera como insuficiente y que están dispuestos a llevar esa documentación donde se les pida.
Fuente: CBN
